El Tribunal Constitucional avala el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana


El Tribunal Constitucional ha desestimado, por siete votos a cinco, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. El recurso impugnaba el derecho que esta norma establece para los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.

La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional supone el primer pronunciamiento del alto tribunal sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados durante la presente legislatura contra los nuevos textos de reforma estatutaria.

Durante la legislatura se han presentado un total de 11 recursos de inconstitucionalidad contra los estatutos de cuatro comunidades autónomas. La excepción es el caso balear, cuyo nuevo estatuto es el único que no ha terminado en el Alto Tribunal, y por el momento el de Castilla y León que finalizó su tramitación a finales del pasado mes de noviembre.

Aragón y Castilla-La Mancha impugnaron el artículo 17.1 del nuevo Estatuto valenciano, en vigor desde el 11 de abril de 2006, que establece el derecho de los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.

Los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, todos ellos afines al llamado sector conservador, han anunciado votos particulares discrepantes con la sentencia, que se notificará en los próximos días.

De esta forma, han avalado la constitucionalidad de la norma valenciana los seis magistrados del sector progresista y el conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del tribunal.

Pendiente el recurso de Castilla-La Mancha

El Constitucional aún debe pronunciarse sobre el recurso interpuesto contra el Estatuto valenciano por Castilla-La Mancha, aunque previsiblemente también será desestimado en aplicación de la doctrina establecida al resolver el recurso de Aragón, porque en él se impugnó el mismo artículo.

Éste es el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de los estatutos de autonomía que se han reformado en esta Legislatura, aunque el tribunal aún debe pronunciarse sobre los recursos presentados contra los de Cataluña, Andalucía y Aragón.

El artículo 17.1 del Estatuto que fue recurrido establece que “se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal”.

Añade que “los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley”.

El Gobierno central pidió en su día al Tribunal Constitucional que desestimara tanto el recurso de Aragón como el de Castilla-La Mancha.

La Abogacía del Estado reconocía en sus alegaciones que el precepto recurrido podría afectar al ámbito de autonomía de Castilla-La Mancha en la medida que los derechos que proclama podrían verse satisfechos en detrimento de los recursos hídricos de la comunidad autónoma, por la que discurre el Tajo, cuyas aguas son periódicamente trasvasadas a otras regiones, “sin duda para satisfacer necesidades imperiosas”.

De igual forma, reconocía que también podía afectar el ámbito de autonomía de Aragón si se considerara que la del río Ebro es “cuenca excedentaria” con la que satisfacer el derecho a la redistribución de sobrantes.

Sin embargo, el Gobierno entendía que el artículo recurrido no obligaba al Estado “a contemplar en su legislación de aguas el principio o criterio de redistribución de sobrantes de las cuencas excedentarias para satisfacer con ellas al territorio valenciano”.

Según el Gobierno, “el principio de territorialidad impide que “una norma de aplicación territorial limitada”, el Estatuto, pueda decidir “una cuestión que afecta a otros territorios o al conjunto del Estado”.

COMENTARIO PERSONAL:

Espero que ese agua que nos niegan para la agricultura con la escusa “de los campos de golf”, no la empleen ahora ellos para su Megaproyecto GranScala.

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