La memoria que no se quiere recordar


La Iglesia católica, a la que EL MAL LLAMADO JUEZ Garzón reclama datos de sus archivos, sufrió durante la Guerra Civil la «mayor persecución religiosa de la historia» Cuatro mil sacerdotes y dos mil religiosos fueron asesinado.

José R. Navarro Pareja
MADRID- Cuando la pasada semana el juez Baltasar Garzón demandaba la colaboración de la Conferencia Episcopal para elaborar un listado de los represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo incurría en una situación paradójica. Por una parte a instancias de descendientes de republicanos, solicitaba el acceso a unos archivos que, precisamente en la zona republicana, habían sido saqueados y destruidos en aquellos años. Por otra, demandaba la colaboración del Episcopado -y, quizás con ello, daba «pábulo a las calumnias sobre una posible responsabilidad de la Iglesia en la violencia desatada durante la Guerra Civil y en la represión posterior», como ayer señalaba el editorial de «analisisdigital.com» el diario digital de la diócesis de Madrid-, cuando, en realidad, la Iglesia católica fue la institución que más sufrió la violencia de aquellos años. Una represión que desencadenó la mayor persecución religiosa de la historia y que los que ahora reivindican la «memoria histórica» parecen querer olvidar.
Sin embargo, como afirma Antonio Montero, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz y el primero en investigar la cuestión, «en toda la historia de la Iglesia universal no hay un solo precedente, ni siquiera en las persecuciones romanas, del sacrificio sangriento, en poco más de un semestre, de doce obispos, cuatro mil sacerdotes y más de dos mil religiosos».
Esas son las cifras que hoy en día manejan los historiadores: más de seis mil consagrados (sacerdotes, seminaristas, y religiosos y religiosas) y un número difícil de determinar de laicos asesinados por una motivación exclusivamente antirreligiosa. Como señala el sacerdote e historiador Ángel David Martín Rubio en su libro «La cruz, el perdón y la gloria», esta represión «se desarrolló con gran crueldad» y la «finalidad de estos malos tratos cuando se aplicaban a sacerdotes y religiosos era, en muchas ocasiones, arrancarles blasfemias». Y añade, que otro elemento que abunda en este carácter «específicamente antirreligioso» son «las ejecuciones en masa, sin discriminación de sexo, edad o condición de las víctimas y, por supuesto, sin que aparezca en ellas ningún elemento político o social que pudiera explicarlas».
Genocidio
Atendiendo a la definición que hace la Real Academia -«exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad»- no es difícil calificar de genocidio la persecución religiosa de aquellos años. En Cataluña, Madrid y Valencia fue asesinado casi el treinta por ciento de los sacerdotes, y en algunas diócesis más pequeñas supuso la casi desaparición del clero. Es el caso de Barbastro, donde fueron asesinados el ochenta y ocho por ciento de los sacerdotes.
Algo parecido ocurrió en la vida religiosa. Claretianos (259 asesinados), franciscanos (226) y escolapios (204) son las órdenes que sufrieron un mayor azote. Entre las femeninas fueron las Adoratrices y las Carmelitas de la Caridad (26 hermanas asesinadas en cada una de ellas) las que padecieron la persecución.
Más difícil es cuantificar el número de laicos que murieron en aquella persecución. En ocasiones resulta muy difícil discernir si su asesinato era sólo por motivos religiosos o pesaban otras motivaciones de carácter político. Aun así, la Iglesia ha incluido en los procesos de beatificación buena parte de los casos en que ha podido certificar las razones eminentemente religiosas. Es el caso de Ceferino Giménez Malla, un gitano bautizado en Fraga, apodado «El Pelé», detenido y asesinado por llevar un rosario en el bolsillo. También son significativos los procesos a varios miembros de la Acción Católica, beatificados en 2001.
Entre los eclesiáticos tampoco faltaron las fosas comunes. Algunas de ellas fueron reabiertas años más tarde, pero otras siguen perdidas. Como ejemplo, entre los mártires que fueron beatificados el año pasado fue imposible la localización de los restos de casi una treintena. Unos se encontraban en las fosas comunes de Ronda, Valdepeñas y Barcelona, o en el osario común del cementerio de la Almudena de Madrid. Seis de ellos fueron arrojados a un pozo de azufre de más de cien metros de profundidad, en Lorca (Murcia). Y los cadáveres de siete de ellos, simplemente desaparecieron en el mar Cantábrico, frente a las costas de Santander, donde fueron arrojados vivos, con las manos atadas al cuerpo y un gran lastre.

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